Por qué las publicaciones académicas necesitarían un registro testigo
En la práctica, muchas revistas y editoriales no usan servicios de resguardo probatorio porque asumen que ya están cubiertas por lo que existe: un DOI, una página en el sitio web, un repositorio institucional, una base de datos o un sistema de metadatos. Otras simplemente no los adoptan por razones muy comunes: presupuesto limitado, falta de tiempo para incorporar nuevas rutinas técnicas, o porque este tipo de riesgos se perciben como «excepcionales» y no como parte del ecosistema cotidiano de la comunicación académica.
El problema es que la evidencia editorial tradicional no siempre sirve cuando hay fraude: una URL puede cambiar, un sitio puede ser suplantado, un PDF puede circular adulterado, y una carta de aceptación puede ser falsificada sin que la revista haya intervenido. Y cuando esto ocurre, el costo reputacional no recae sobre el estafador: recae sobre la revista legítima, que debe explicar, demostrar y defender públicamente su integridad.
En la comunidad académica conocemos las prácticas estafadoras de grupos dedicados a comerciar con las publicaciones. No se trata solo de la revista depredadora que publica sin revisión por pares, sino de grupos organizados que se infiltran en revistas, suplantan a revistas legítimas y luego venden cartas de aceptación, citas y publicaciones. Esto afecta especialmente a revistas recientemente consolidadas que, por su visibilidad, se vuelven blanco de estafas. Luego, son las revistas legítimas a las que se les exige respuesta y se las acusa de malas prácticas.
Un registro testigo permite reunir evidencia verificable para la defensa pública de la reputación editorial mediante dos servicios: (1) el registro de metadatos de lo legítimamente publicado (incluyendo el recuento de referencias) y (2) el almacenamiento verificable de comunicaciones oficiales. Además, ambos servicios pueden complementarse con una capa adicional de integridad: una huella criptográfica invisible en PDF, validable públicamente, que permite detectar alteraciones posteriores y acreditar procedencia conforme a las reglas del sistema.